La legislatura jujeña aprobó este jueves la anulación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el Parque Nacional Calilegua. La medida surge en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, y a la intensa campaña de Greenpeace, que contó con el apoyo de más de 270 mil personas y expuso lo "absurdo, peligroso e ilegal" que resulta extraer petróleo en un área protegida.
La explotación petrolera en Calilegua era contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
“Es una medida para celebrar, un logro de todos los argentinos: salvamos el Parque Nacional de la voracidad petrolera. La extracción de hidrocarburos en Calilegua violaba tres leyes nacionales e implicaba un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país. Ahora se deben remediar los pasivos ambientales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista se sumó al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto de este año en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO.
Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté.
El mes pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación ya había exhortado a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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