Queridos guardapolvos

La Asociación de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (APAER), de la cual formamos parte, lanzó esta campaña para conseguir y repartir guardapolvos. Se agradece la colaboración. Nos sumamos.

Apenas eso, todo eso...

La última semana, tras la tragedia de Tartagal y su inequívoco vínculo con los devastadores desmontes, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció finalmente la reglamentación de la Ley de Bosques. Se trata de una victoria necesaria. De un paso, de un principio. Apenas eso. Todo eso...

Reglamentación, YA

Nos hacemos eco de este reclamo: ¡Reglamentación de la Ley de Bosques, YA!

Más de setenta organizaciones sociales y ambientales de todo el país reclamaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y a las carteras de ambiente provinciales nucleadas en el Consejo Federal del Medio Ambiente, la urgente reglamentación de la Ley de Bosques.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría.
Frente a esta situación, más de setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, "alarmadas por el constante avance de la deforestación", presentaron la semana pasada una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron que "la excesiva demora en su reglamentación pone en crisis su operatividad y genera una profunda preocupación por el futuro de la norma".
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña pública que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realice un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
En ese sentido, las organizaciones advirtieron que la reglamentación debe "promover que los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos sean el resultado de un verdadero proceso participativo, que le dé legitimidad a la zonificación resultante y que permita mitigar los daños que la deforestación genera sobre las comunidades campesinas e indígenas".
Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello resulta imprescindible "la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la ley, y en la consideración de mecanismos de transparencia, como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos".
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
Finalmente, las organizaciones alertaron sobre la necesidad de asegurar que los fondos para la protección de los bosques que la norma establece "promuevan de manera eficaz y transparente la protección y manejo sostenible de la mayor superficie posible en cada jurisdicción, y que la compensación para los titulares de bosques que realicen tareas de conservación o manejo sostenible de los recursos forestales resulte un incentivo eficaz para detener la deforestación".

Actualización (14/2/09): se anunció la reglamentación de la Ley de Bosques.

No es casualidad

Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
A pesar de esto, los desmontes en la provincia aumentaron considerablemente: durante 2007, en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques, la provincia de Salta autorizó el desmonte de más de cuatrocientas mil hectáreas. La situación en la provincia es tan grave que algunos de estos desmontes fueron suspendidos, en diciembre pasado, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras un amparo presentado por comunidades indígenas.
La tragedia de Tartagal no es una casualidad: se trata de una consecuencia.



Fuente e imágenes: Greenpeace Argentina.

Las tragedias de los desmontes

Tartagal. Inundaciones de 2006. Causa: los desmontes.

En Tartagal, Salta, Argentina, pasa esto según cuenta Gustavo Ruiz, corresponsal del diario Clarín en la provincia: "La ciudad vuelve a ser el escenario de un desastre generado por la naturaleza. Esta vez, un alud de lodo provocado por lluvias torrenciales arrasó con viviendas y vehículos en los barrios de la zona sur de la ciudad. Las autoridades buscan en forma desesperada a dos mujeres, mientras que son más de 500 los evacuados".
Las causas, aunque se pretendan esconder, son conocidas: "Greenpeace denunció este lunes que las actuales inundaciones en el norte de la provincia de Salta, como sucediera también en el año 2006, son consecuencia directa del irracional proceso de destrucción al que se encuentran sometidos los últimos bosques nativos argentinos por la falta de una política firme contra los desmontes.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
La zona cercana a la ciudad de Tartagal es una las más afectadas por los desmontes para la ampliación de la frontera agrícola. Además, padecen los impactos de la explotación maderera sin control, que abre caminos en sus cerros en los que múltiples aserraderos ilegales irrumpen para robar madera y deteriorar sin pausa la estructura del bosque.
'La gran cantidad de desmontes para producir soja que se realizaron en los últimos años en la provincia de Salta en los alrededores de Tartagal son una de las principales causas de estas inundaciones. Las altas precipitaciones, sumadas a la pérdida de cobertura vegetal, incluso casi a la vera de los ríos, generaron un verdadero cóctel destructivo', señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las laderas se vuelve cada vez más inestable. Sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial. Con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puente ni camino que resista. El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la explotación descontrolada muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo".

¿Y la Ley de Bosques, Cristina?

Comparto la siguiente iniciativa, que nos llegó a través de Hernán Giardini, de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace:

"Llamá ahora al Teléfono Rojo de Greenpeace al (011) 4000-5580. Te conectaremos con Presidencia para que le exijas a Cristina la urgente reglamentación de la Ley de Bosques.
Debemos parar el boicot a la Ley de Bosques que promueven el gobierno nacional y las provincias más comprometidas con los desmontes, al demorar su reglamentación y no aplicar una política firme contra la deforestación.
Tu llamada puede evitar que vuelva la fiebre de las topadoras".